25 de marzo del 2023
El Magisterio nacional, estudiantes secundarios, madre, padres de familia ante el primer poder del Estado denunciamos la grave crisis que atraviesa el sector educativo, producto de un Gobierno que prioriza el pago de la deuda externa en detrimento de la educación.
Pero es menester señalar que la problemática educativa es también un reflejo del régimen corrupto y de su vinculación con las mafias del narcotráfico. Pues resulta difícil pensar que un Gobierno que privilegia sus relaciones con la narcopolítica, atienda a la escuela pública en todas sus necesidades y dimensiones.
Y por eso nos movilizamos, un sábado, desde todo el país para expresar que el Ecuador y la educación pública no soportarán más a Lasso y Brown. Estamos aquí para denunciar el incumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por parte del Gobierno, pues ese incumplimiento está afectando directamente el interés superior del niño, niña y adolescente y vulnera los derechos del Magisterio.
Según el INEC en Ecuador más de 195.000 estudiantes no han regresado a las aulas luego de la pandemia de la Covid -19, muchos de estos niños están sumergidos en el trabajo infantil, pues la principal causa de abandono es la pobreza en sus hogares. y otros están siendo reclutados por bandas criminales. A su corta edad el Estado les ha negado el derecho a la educación y salud. Algunos no están en la escuela pública, están en las escuelas de sicarios y eso debemos enfrentar de raíz y por eso estamos movilizados por nuestros estudiantes por su vida y derechos.
El Ecuador y toda la sociedad deben conocer que el Ministerio de Educación, hasta el día de hoy, no ha dado cumplimiento al plan de reinserción educativa determinado en el literal de la cuadragésima tercera transitoria, cuyo plazo era de 30 días y se venció desde hace dos años, vulnerando el derecho a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes. Esta es la primera causal para exigir juicio político a la Ministra de Educación. Todo por nuestros niños y niñas, sin ellos nada, pues son la razón de ser de la escuela pública.
Pero también la ola de violencia está amenazando y tomándose los planteles educativos de manera interna y externa; cada vez más va en aumento. Y la solución no solo está en activar los protocolos y rutas luego de cada caso atroz. Si no entiende que es urgente políticas públicas para su prevención, por citar una necesidad que permita enfrentar los tipos de violencia. Para lo cual la LOEI es imperativa en el Art. 64.7, dónde se señala que se elaborará, implementará y evaluará el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo que contendrá las políticas, estrategias, programas, proyectos, acciones y mecanismos concretos para la prevención, detección y atención de toda forma. de violencia en el contexto educativo. Sin embargo, luego de dos años que las reformas a la LOEI están en vigencia no se ha dado cumplimiento y en su lugar el reglamento de Lasso y Brown postergan para el 2024 su elaboración. Algo incomprensible, cuando es una necesidad urgente, ya que entre el final del 2022 y durante lo que va del 2023, van más de 50 casos de violencia física y sexual. Al parecer, la Ministra y Lasso desconocen que el derecho a la educación no solo es acceder, es también contar con aulas seguras. No hay educación de calidad y calidez sin escuelas seguras. Razón por la cual está es la segunda causal para solicitar juicio político a María Brown, Ministra de Educación.
Tercera causal. Hasta el momento no se ha llamado al concurso de méritos y oposición al personal que labora bajo la figura de contrato en los departamentos de consejería estudiantil señalados en la Vigésima Segunda transitoria y tampoco se ha incrementado profesionales especializados para atender a los estudiantes que presentan diferentes dificultades. . Violentado la Vigésima Primera transitoria creará y asignará anualmente, de forma sostenida y proporcionales partidas presupuestarias necesarias para incrementar el número de profesionales DECE; l a Unicef asegura que
7 de cada 10 hogares reflejan
afectaciones emocionales y esto recae sobre los niños, niñas y adolescentes, y desde MinEduc poco o nada se hace.
Denunciamos las pretensiones de la autoridad educativa, que mediante su reglamento a la LOEI, intenta tener esclavos, más no pedagogos, cuando incumple con la aplicación del Art. 117 incrementando el trabajo administrativo y la sobrecarga laboral, cuando es imprescindible que frente a todos los problemas que aquejan al país la pedagogía vuelva al aula, desde el Ministerio se señala que las actividades extraescolares, extracurriculares, refuerzos académicos no son considerados como periodos pedagógicos. Mientras, por otro lado, se incrementan requisitos por fuera de la ley para el ascenso y recategorización, dejando a más de, 11000 docentes sin el derecho a la equiparación salarial, es decir la revalorización de la profesión docente es un simple eslogan.
Socializamos que según un estudio de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), en el país hay una brecha de 74.000 maestros/as en el Sistema Nacional de Educación, ante esta realidad desde el Ministerio de Educación no se hace nada para disminuir en los hechos esta brecha. No es verdad que se va a incrementar masivamente docentes. Al contrario, se incumple con el art. 99 de la LOEI, que establece que al inicio de los ciclos lectivos de cada año, el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional convocará a concurso público de méritos y oposición para llenar las vacantes existentes. Ante esto, luego de dos años de vigencia de la ley, realiza la primera convocatoria el 06 de marzo del 2023, anunciando que apenas ingresa al concurso 400 partidas docentes para EGB, burlándose de la LOEI y para más de 72.000 profesores en calidad de aptos. y elegibles que han superado las evaluaciones y cumplen con los requisitos establecidos en la LOEI.
A través del reglamento y acuerdos ministeriales se inventan más requisitos con el ánimo de dar cumplimiento al decreto 457 art. 40 sobre la optimización del gasto público que implica la reducción del personal, dejando claro que para el mandatario la educación significa un gasto más no una inversión.
Desde el propio Ministerio de educación, en el año 2022 se indicó que para el desarrollo del concurso de méritos y oposición se cuenta con
8402 partidas certificadas, pero en lugar de aumentar la cifra se disminuye afectando directamente los intereses superiores del niño y adolescente.
No existe un informe técnico sobre la
creación de partidas y desdoblamiento de
aquellas que dejan los maestros que cada año se jubilan, como señala la LOEI en su artículo 97.1.
Para el Gobierno y la ministra de Educación es fácil vender humo al señalar que la calidad educativa pasa por cambiar de quimestres a trimestres o de reducir un examen remedial, desde la Unión Nacional de Educadores, señalamos que debe existir más exigencia a nuestros estudiantes. Pero eso para nada significa mejorar la calidad y menos son derechos. El derecho es a una educación de calidad y eso implica entre algunas cosas contar con aulas seguras, laboratorios de punta, contenidos actualizados, libros, alimentación y médico escolar, presupuesto de calidad, docentes necesarios, evaluación constructiva y no destructiva...
Por estas razones y más causales estamos aquí estimados asambleístas exigentes que se fiscalice el facilismo, también de la Ministra y su Gobierno. Pero sobre todo el incumplimiento a los derechos plasmados en la ley reformatoria a la LOEI que no fue una dádiva, fue producto de 11 años de lucha y dos huelgas de hambre de UNE.
Por lo descrito anteriormente, señalamos que existen las causales suficientes para que la Asamblea Nacional, inicie el proceso respectivo para iniciar el JUICIO POLÍTICO a la Ministra de Educación invitamos a los asambleístas de las diferentes bancadas a defender la escuela pública y al país abrir un debate. sobre el derecho a la educación como derecho y no como privilegio.
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