10 de octubre del 2023
El galopante neoliberalismo,
representado por el decreto «Ley de Urgencia Económica para el Equilibrio,
Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas» emitido por Guillermo
Lasso, busca modificar la forma del cálculo del presupuesto de educación y
salud, para reducir su inversión.
En lo que respecta a la
educación, según el artículo 80.1 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas (COPFP), el presupuesto para el año 2024 debería ser
calculado en función de los 4.008 millones asignados inicialmente para este año
fiscal. No obstante, el presidente Lasso propone que se calcule de acuerdo con
los 3.004 millones que fueron devengados
durante el año anterior. Esta reducción implicaría un perjuicio de
aproximadamente 1.000 millones de dólares, lo cual ahondaría aún más la crisis
que afecta a este sector.
Este recorte tendría un gran
impacto en los niños, niñas y adolescentes ya que afectaría la ejecución del
plan de erradicación de todo tipo de violencia en el ámbito escolar, la
reinserción escolar, la alimentación, uniformes Por otra parte, en el caso de
los maestros, se suspenderían los concursos de ingreso al magisterio, lo que
agravaría el déficit de docentes ampliando el
problema del exceso de estudiantes por aula: además que se estancaría el proceso de revalorización
docente a través de promociones y ascensos.
Este Decreto Ley también tiene un
impacto negativo en el IESS porque busca eliminar los intereses de la deuda del
Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por concepto
del 40% del aporte del Estado para el seguro IVM. Esta medida pone en riesgo la
sostenibilidad del sistema de pensiones que ya se vio perjudicado en $ 8.927
millones por Rafael Correa, según el
examen actuarial del IESS.
De forma inhumana pretende
reducir en un 66,66 % los recursos para la atención de personas con
enfermedades catastróficas.
Advertimos a los jueces de la
Corte Constitucional que estas propuestas incluidas en este Decreto Ley no son
emergentes y, además, violan el principio de progresividad garantizado en la
norma constitucional, afectando así los derechos fundamentales del pueblo
ecuatoriano, por lo que llamamos a la más amplia unidad a las organizaciones sociales.
SOLO EL PUEBLO SALVA LA PUEBLO
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