EDUCACIÓN Y LOEI
El índice de pobreza multidimensional mide las diferentes carencias en áreas como la educación, salud, servicios básicos entre otros, según fuentes del Banco Central en el Ecuador al 2020 este índice ha alcanzado el 40,2%; en educación tenemos que el acceso a internet y las tecnologías es limitado; el inconstitucional recorte de 900 millones a la Educación en Ecuador, se tradujo en alrededor de 500 000 estudiantes sin acceso a la educación pública 2 de cada 10 estudiantes no tiene computadora, ni acceso a internet gratuito; alrededor de 200 mil niños tienen rezago escolar; 15 % de estudiantes no tiene contacto con el docente; el Estado ecuatoriano desde el 2012 le debe a este sector estructural de la sociedad el aporte del 6% del PIB.
Ante esto las fuerzas oscurantistas a través de un individuo pretenden echar abajo las reformas a la LOEI que justamente representan reparación de derechos para la comunidad educativa que ha sufrido los embates de la pandemia, así como las consecuencias del neoliberalismo y la corrupción que devastan a los pueblos elevando cada vez el índice de la pobreza.
El dictamen de los nueve vocales de la Corte Constitucional ante esta demanda debe estar enmarcada en la defensa de nuestros niños y jóvenes velando su interés superior y en el caso de los maestros corresponde reparar el derecho por la discriminación sufrida desde el 2016 que por tal motivo la Asamblea Nacional eleva a ley las disposiciones infra legales que desde ese año estableció el MDT ente rector en materia salarial.
Por eso este 02 de junio presentaremos el Amicus curiae junto con la voz de la comunidad educativa que retumbará en la calles de Quito.
SOLO EL PUEBLO SALVA LA PUEBLO
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