jueves, 12 de marzo de 2026

Las relaciones EE.UU.– Ecuador


Las relaciones EE.UU.– Ecuador


El acuerdo de Doral, firmado bajo el rótulo de “Escudo de las Américas”, se presenta como un pacto de cooperación contra el narcotráfico. Sin embargo, lo que se oculta tras ese discurso es la vieja receta del intervencionismo estadounidense y la sumisión de nuestros gobernantes.


 Bajo el disfraz de cooperación, se esconde la doble moral de EE.UU. que es el mayor consumidor de drogas y cuyo presidente indultó a Juan Orlando Hernández quien cumplía una pena por traficar a ese país 400 toneladas de droga. Pero utiliza esa bandera para justificar su intervención y mantener su hegemonía mundial en la disputa Inter imperialista con China.


La historia latinoamericana ofrece suficientes antecedentes para entender este guion. Desde Guatemala en 1954, Chile en 1973 o República Dominicana en 1965, los pueblos han sido víctimas de invasiones, golpes y ocupaciones que respondían a intereses externos. La sangre latina también se derramó en guerras que no eran nuestras: cientos de miles de hispanos sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, invisibilizados en las estadísticas oficiales. Más recientemente, jóvenes migrantes como José Antonio Gutiérrez, nacido en Guatemala, fue enviado a morir en Irak, recordándonos que nuestros pueblos han sido usados como carne de cañón.


En Ecuador, la política neoliberal del gobierno de Noboa y el sometimiento al imperialismo norteamericano profundiza esta dependencia, alineando al país con la estrategia de Washington en detrimento de los intereses populares. A partir del 15 de marzo, con la imposición del “toque de queda”, serán los barrios populares quienes carguen con las consecuencias: militarización de las calles, jóvenes convertidos en desechables para guerras ajenas, territorios devastados por la minería y un modelo neoliberal que normaliza la precariedad y la pobreza y prioriza la reactivación económica únicamente de los grandes grupos de poder.

Flexibilización laboral y resistencia barrial

 Flexibilización laboral y resistencia barrial 


Por: Isabel Vargas Torres 


Los barrios de Quito frente a la necedad de grandes empleadores y gobiernos neoliberales, exponemos lo siguiente:

La jornada de 8 horas laborales continúas, no es un capricho, sino el resultado de luchas históricas y estudios científicos que reconocen la necesidad de equilibrio entre trabajo, ocio y descanso. Cuando se pretende flexibilizar o ampliar esa jornada sin garantías, nos lleva a un esclavismo moderno, disfrazado de “competitividad” o “eficiencia”, en un momento en que el Ecuador está entre los primeros lugares como el país más peligroso del mundo para los trabajadores. 

En países como Suiza, donde se reduce la jornada laboral, se entiende que la productividad no depende de exprimir al trabajador, sino de darle condiciones dignas para que pueda rendir mejor, vivir con salud y compartir con su familia. En Ecuador la Constitución establece claramente el límite de 8 horas continúas, sábado y domingo descanso obligatorio,


cualquier intento de imponer más tiempo bajo dependencia directa del empleador es una violación de la voluntad popular y de los derechos de los trabajadores, fundamentales.


Cuando se pone el tiempo humano al servicio exclusivo de la ganancia, se desconoce que detrás de cada jornada hay vidas, sueños, familias y cuerpos que necesitan cuidado. El trabajador no es una máquina, es el verdadero generador de la riqueza, y su dignidad debe estar en el centro de cualquier acuerdo social.


Contra esta medida, la unidad del pueblo es el camino y la lucha organizada es garantía de victoria.

lunes, 11 de agosto de 2025

LA AUSTERIDAD MATA: SALUD PÚBLICA SIN OXÍGENO NI JUSTICIA


 

LA AUSTERIDAD MATA: SALUD PÚBLICA SIN OXÍGENO NI JUSTICIA

El fallecimiento de 18 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil ha estremecido la conciencia nacional y evidenciado, una vez más, las fracturas estructurales de un sistema de salud pública debilitado por la desinversión, la precarización laboral y la falta de voluntad política para garantizar derechos fundamentales.

 Esta tragedia no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de omisiones institucionales que configuran una crisis humanitaria silenciosa. En hospitales de la Amazonía, comunidades enteras han enfrentado pérdidas irreparables por causas similares: ausencia de medicamentos, carencia de equipos básicos y falta de atención especializada. En el Hospital Marco Vinicio Iza de Nueva Loja (Sucumbíos), entre 2020 y 2024, se registraron 138 muertes neonatales, muchas de ellas asociadas a la bacteria Klebsiella pneumoniae . La Asamblea Nacional fiscalizó este caso y, hace más de un año, exhortó al Presidente de la República a declarar la emergencia sanitaria. Sin embargo, la inacción gubernamental ha perpetuado el riesgo y la vulnerabilidad.

 

Hoy, esa historia se repite en Guayaquil. La escasez de cánulas nasales, antibióticos y oxígeno no puede ser interpretada como una simple falla administrativa: constituye el resultado directo de decisiones políticas que subordinan el derecho a la salud a los intereses financieros, privilegiando el pago de la deuda externa por encima de la deuda social.

 

La reducción de $1.200.000 en el presupuesto general de salud pública es alarmante, pero aún más grave es el recorte en rubros esenciales como alimentación, seguridad y limpieza, que pasó de $115,8 millones a apenas $37,2 millones, lo que representa una disminución del 67,8%. Esta política de austeridad no solo ha debilitado la capacidad operativa del sistema hospitalario, sino que ha erosionado su institucionalidad: la disminución del personal médico, la precarización de las condiciones laborales y la inestabilidad contractual han fracturado la columna vertebral del sistema sanitario.

 

Los hospitales, que deben ser espacios de cuidado y recuperación, se han transformado en escenarios de duelo. Esta situación no es producto del azar, sino de una arquitectura política que desmantela progresivamente los derechos sociales en nombre de la estabilidad macroeconómica.

 

Cuando el Estado incumple su deber constitucional de proteger la vida —especialmente la de los más vulnerables: recién nacidos, pueblos originarios, barrios populares—, la movilización ciudadana no solo es legítima, sino un imperativo ético.

 

Por ello, desde diferentes espacios el pueblo exige al gobierno del nuevo Ecuador. 

 

·         Declarar al sector de la salud pública en emergencia

·         Una rendición de cuentas públicas, transparentes y urgentes.

·         La apertura de investigaciones independientes que determinan responsabilidades administrativas, técnicas y políticas.

·         La reparación integral a las familias afectadas.

·         La adopción inmediata de medidas estructurales para garantizar el acceso universal, digno y seguro a la salud. 

La memoria de estos niños no puede quedar reducida a cifras ni a comunicados institucionales vacíos. Su partida debe marcar un punto de inflexión en la política pública: reconstruir un sistema de salud pública que garantice el derecho a la vida, sin excepción.

Desde cada rincón del país donde la salud se ha vuelto un privilegio, los pueblos se levantan en unidad con dignidad, por justicia, por la vida, por la verdad, por el país que merecemos.   



viernes, 3 de mayo de 2024

ECUADOR: DEUDA, CORRUPCIÓN Y LUCHA OBRERA

 


El gobierno ha anunciado un nuevo endeudamiento tras llegar a un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del Servicio Ampliado del FM


I (SAF), por un valor de 4.000 millones de dólares, que s se destinarán al pago de intereses de la deuda anterior. Sin embargo, este acuerdo, una vez más, hipoteca al país al comprometerse con la firma de una carta de intención que incluye la reducción de subsidios a los combustibles, reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Código del Trabajo y a toda la estructura del Estado, con el objetivo de “equilibrar” las cuentas fiscales. Además, estas medidas podrían retrasar el cierre del bloque petrolero ITT, programado para agosto de 2024. También se mencionan otras acciones que Daniel Noboa con el PSC y ADN ya han cumplido, como las alianzas público-privadas, zonas francas y el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Entre las exigencias del FMI estaba la contratación por horas, que el pueblo acaba de rechazar en la consulta popular.

Simultáneamente, en Estados Unidos, Carlos Polit, figura principal del correísmo, ha sido condenado por lavado de activos. Polit y otros implicados habrían sustraído del país la asombrosa suma de 70.000 millones de dólares en actos de corrupción. Es preocupante observar que ninguno de los tres gobiernos que lo sucedieron han tomado medidas efectivas para recuperar estos recursos, limitándose a acciones mediáticas que, lejos de beneficiar, perjudican al país. Un ejemplo de esto es la incursión policial en la embajada de México.

Es hora de alzar la voz. No es justo que el pueblo ecuatoriano tenga que seguir costeando los lujos de los corruptos. Este dinero podría haberse invertido en educación, salud, seguridad y la generación de empleo, lo cual habría permitido sacar de la extrema pobreza a más de 2 millones de personas.

En este contexto, los trabajadores y el pueblo conmemoran la lucha de la clase obrera por un empleo digno, seguridad y soberanía en defensa del IESS. Se levantan en contra del terrorismo del Estado, que prefiere endeudarse ante el FMI, en lugar de recuperar lo dineros que se lleva los corruptos y pagar la deuda social.

"¡Protege a Ecuador! ¡Vota NO a la pregunta D!"


 


El costo económico para Ecuador debido a fallos de arbitraje internacional es significativo. Según datos recientes, el país ha desembolsado alrededor de 2.600 millones de dólares en casos de laudo internacional. Sin embargo, si la pregunta D, que les otorgaría jurisdicción soberana, obtiene la victoria, Ecuador podría enfrentarse a pérdidas potenciales de hasta 57.000 millones de dólares. Esto se debe a que existen más de 29 demandas pendientes por parte de empresas que han causado daños irreparables al ecosistema ecuatoriano sin asumir la responsabilidad correspondiente.

Una de las principales preocupaciones radica en la asimetría de poder entre las empresas y el Estado. Mientras que las empresas multinacionales principalmente mineras y petroleras, tienen la capacidad de solicitar arbitraje internacional en caso de disputas contractuales, el Estado ecuatoriano no cuenta con ese mismo recurso en caso de flagrante violación contractual por parte de estas empresas que incluyen las de la familia Noboa.

Un caso emblemático que ilustra esta dinámica es el litigio de los pobladores de Sucumbíos con la empresa Chevron, la cual contaminó la Amazonía. A pesar de que las instancias judiciales ecuatorianas favorecieron inicialmente a la comunidad indígena, la empresa Chevron logró revertir estas decisiones al contrademandar a Ecuador en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya. Esto obligó al Estado ecuatoriano a revertir esa sentencia y pagar la suma de USD 112 millones. Este episodio evidencia cómo el sistema de arbitraje puede invalidar sentencias previas y socavar los derechos de comunidades vulnerables, del medio ambiente y la economía de nuestro país. Además de estos perjuicios, las utilidades generadas por estas empresas multinacionales no se reinvierten en Ecuador, sino que se repatrian a sus países de origen, como es el caso de la propia Chevron, que obtuvo utilidades por 150 mil millones de dólares, casi el doble del PIB de Ecuador.

Por lo antes expuesto, el sistema de arbitraje internacional favorece a las empresas multinacionales en detrimento de los intereses del Estado ecuatoriano, las comunidades locales y el medio ambiente. Por eso es imprescindible decirle NO a la pregunta D de la consulta popular.

martes, 9 de abril de 2024

CÁRCEL PARA LOS CORRUPTOS, RESPETO A LOS DERECHOS INTERNACIONALES



Jorge Glas debe cumplir con su sentencia  condenatoria  por todos los  actos de corrupción,; el respeto al debido proceso es crucial para que se garantice que no haya impunidad, sin embargo, esto no justifica la decisión desesperada y arbitraria de Daniel Noboa de violar los tratados internacionales al allanar la embajada de México y agredir a los funcionarios de este país, comprometiendo así las relaciones diplomáticas, comerciales y fraternas entre los gobiernos y los pueblos de México y Ecuador.

La desesperación por su baja popularidad lo apresura a utilizar nuevamente la “doctrina  del shock” para ganar votos en la consulta popular.

Hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano a unificar acciones en rechazo a estos exabruptos que perjudican a todos los ecuatorianos y ponen en predicamento la  histórica actitud de respeto a la  libre determinación de los pueblos. 


viernes, 5 de abril de 2024

Impacto de la elevación del IVA en la economía en Ecuador

 




Impacto de la elevación del IVA en la economía en Ecuador

Debido a la inconstitucional Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, que incrementa el IVA del 12 al 13% y que autoriza al Ejecutivo a elevar al 15% se suma el Decreto Ejecutivo 215 firmado por Noboa el 29 de marzo, que incrementan el precios del gas de uso doméstico, gasolina y diésel, a la que se agrega la ola especulativa que impactan en los precios de productos y servicios, a partir del lunes 1 de abril por ejemplo se observa el incremento en el precio de la comida preparada, como un desayuno que pasó de costar $2.50 hasta el viernes a $2.75 el lunes.

Estos ajustes en el incremento del IVA afectan también a los 151 productos y servicios de la canasta básica de Ecuador que no están gravados con IVA. Esto se debe a que, para completar la cadena de producción y comercialización, es necesario sumar al costo insumos como fertilizantes, envolturas, combustible y fletes, los cuales si graban el 15% de IVA. Estos aumentos se trasladarán al precio final para el consumidor, efecto que también se observará en el sector de medicamentos.

En lo que respecta a los productos como ropa, zapatos, mochilas el incremento del IVA se aplicará en todo el proceso de producción esto afectará tanto al consumidor como a las pequeñas y medianas industrias ya que el precio final será mucho mayor y les pondrán en desventaja frente a los productos chinos que no pagan aranceles.

Esta elevación de precios nada tiene que ver con combatir la delincuencia ya van dos fines de semana de terror en el país lo que si es seguro el pago de la deuda de externa 

El presidente Noboa en campana dijo que no incrementaría el precio del gas ni subiría impuestos se ha desenmascarado NOBOA le MIENTE al país, así como le miente con la consulta popular a la que le decimos NO