"¡Protege a Ecuador! ¡Vota NO a la pregunta D!"

 

El costo económico para Ecuador debido a fallos de arbitraje internacional es significativo. Según datos recientes, el país ha desembolsado alrededor de 2.600 millones de dólares en casos de laudo internacional. Sin embargo, si la pregunta D, que les otorgaría jurisdicción soberana, obtiene la victoria, Ecuador podría enfrentarse a pérdidas potenciales de hasta 57.000 millones de dólares. Esto se debe a que existen más de 29 demandas pendientes por parte de empresas que han causado daños irreparables al ecosistema ecuatoriano sin asumir la responsabilidad correspondiente.

Una de las principales preocupaciones radica en la asimetría de poder entre las empresas y el Estado. Mientras que las empresas multinacionales principalmente mineras y petroleras, tienen la capacidad de solicitar arbitraje internacional en caso de disputas contractuales, el Estado ecuatoriano no cuenta con ese mismo recurso en caso de flagrante violación contractual por parte de estas empresas que incluyen las de la familia Noboa.

Un caso emblemático que ilustra esta dinámica es el litigio de los pobladores de Sucumbíos con la empresa Chevron, la cual contaminó la Amazonía. A pesar de que las instancias judiciales ecuatorianas favorecieron inicialmente a la comunidad indígena, la empresa Chevron logró revertir estas decisiones al contrademandar a Ecuador en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya. Esto obligó al Estado ecuatoriano a revertir esa sentencia y pagar la suma de USD 112 millones. Este episodio evidencia cómo el sistema de arbitraje puede invalidar sentencias previas y socavar los derechos de comunidades vulnerables, del medio ambiente y la economía de nuestro país. Además de estos perjuicios, las utilidades generadas por estas empresas multinacionales no se reinvierten en Ecuador, sino que se repatrian a sus países de origen, como es el caso de la propia Chevron, que obtuvo utilidades por 150 mil millones de dólares, casi el doble del PIB de Ecuador.

Por lo antes expuesto, el sistema de arbitraje internacional favorece a las empresas multinacionales en detrimento de los intereses del Estado ecuatoriano, las comunidades locales y el medio ambiente. Por eso es imprescindible decirle NO a la pregunta D de la consulta popular.