ECUADOR: DEUDA, CORRUPCIÓN Y LUCHA OBRERA

 

El gobierno ha anunciado un nuevo endeudamiento tras llegar a un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del Servicio Ampliado del FM

I (SAF), por un valor de 4.000 millones de dólares, que s se destinarán al pago de intereses de la deuda anterior. Sin embargo, este acuerdo, una vez más, hipoteca al país al comprometerse con la firma de una carta de intención que incluye la reducción de subsidios a los combustibles, reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Código del Trabajo y a toda la estructura del Estado, con el objetivo de “equilibrar” las cuentas fiscales. Además, estas medidas podrían retrasar el cierre del bloque petrolero ITT, programado para agosto de 2024. También se mencionan otras acciones que Daniel Noboa con el PSC y ADN ya han cumplido, como las alianzas público-privadas, zonas francas y el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Entre las exigencias del FMI estaba la contratación por horas, que el pueblo acaba de rechazar en la consulta popular.

Simultáneamente, en Estados Unidos, Carlos Polit, figura principal del correísmo, ha sido condenado por lavado de activos. Polit y otros implicados habrían sustraído del país la asombrosa suma de 70.000 millones de dólares en actos de corrupción. Es preocupante observar que ninguno de los tres gobiernos que lo sucedieron han tomado medidas efectivas para recuperar estos recursos, limitándose a acciones mediáticas que, lejos de beneficiar, perjudican al país. Un ejemplo de esto es la incursión policial en la embajada de México.

Es hora de alzar la voz. No es justo que el pueblo ecuatoriano tenga que seguir costeando los lujos de los corruptos. Este dinero podría haberse invertido en educación, salud, seguridad y la generación de empleo, lo cual habría permitido sacar de la extrema pobreza a más de 2 millones de personas.

En este contexto, los trabajadores y el pueblo conmemoran la lucha de la clase obrera por un empleo digno, seguridad y soberanía en defensa del IESS. Se levantan en contra del terrorismo del Estado, que prefiere endeudarse ante el FMI, en lugar de recuperar lo dineros que se lleva los corruptos y pagar la deuda social.

"¡Protege a Ecuador! ¡Vota NO a la pregunta D!"

 

El costo económico para Ecuador debido a fallos de arbitraje internacional es significativo. Según datos recientes, el país ha desembolsado alrededor de 2.600 millones de dólares en casos de laudo internacional. Sin embargo, si la pregunta D, que les otorgaría jurisdicción soberana, obtiene la victoria, Ecuador podría enfrentarse a pérdidas potenciales de hasta 57.000 millones de dólares. Esto se debe a que existen más de 29 demandas pendientes por parte de empresas que han causado daños irreparables al ecosistema ecuatoriano sin asumir la responsabilidad correspondiente.

Una de las principales preocupaciones radica en la asimetría de poder entre las empresas y el Estado. Mientras que las empresas multinacionales principalmente mineras y petroleras, tienen la capacidad de solicitar arbitraje internacional en caso de disputas contractuales, el Estado ecuatoriano no cuenta con ese mismo recurso en caso de flagrante violación contractual por parte de estas empresas que incluyen las de la familia Noboa.

Un caso emblemático que ilustra esta dinámica es el litigio de los pobladores de Sucumbíos con la empresa Chevron, la cual contaminó la Amazonía. A pesar de que las instancias judiciales ecuatorianas favorecieron inicialmente a la comunidad indígena, la empresa Chevron logró revertir estas decisiones al contrademandar a Ecuador en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya. Esto obligó al Estado ecuatoriano a revertir esa sentencia y pagar la suma de USD 112 millones. Este episodio evidencia cómo el sistema de arbitraje puede invalidar sentencias previas y socavar los derechos de comunidades vulnerables, del medio ambiente y la economía de nuestro país. Además de estos perjuicios, las utilidades generadas por estas empresas multinacionales no se reinvierten en Ecuador, sino que se repatrian a sus países de origen, como es el caso de la propia Chevron, que obtuvo utilidades por 150 mil millones de dólares, casi el doble del PIB de Ecuador.

Por lo antes expuesto, el sistema de arbitraje internacional favorece a las empresas multinacionales en detrimento de los intereses del Estado ecuatoriano, las comunidades locales y el medio ambiente. Por eso es imprescindible decirle NO a la pregunta D de la consulta popular.