Por: Isabel Vargas Torres*
La educación de la niñez y juventud de los sectores populares sufrió un gran revés durante la década correísta, pues se impuso un modelo autoritario y vertical, no mejoró la calidad de la educación y al contrario hubo un retroceso en sus contenidos. Se dieron cambios de bambalina y el icono fue las unidades del milenio, conocidos como los “elefantes blancos” cuyas construcciones generan dudas sobre sus costos reales.
En el régimen actual la crisis, en todo orden, se profundizó a tal punto que, en el mes de enero del 2020, las comisiones de Educación y Participación de la Asamblea Nacional piden se declare en emergencia a este sector. El 17 de marzo del 2020, una vez decretado el estado de emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación presenta el Plan Educativo COVID 19, mismo que se centra en la educación online. Un error estratégico, si tomamos en cuenta que el 70% de los estudiantes no tiene acceso a conectividad ni a las herramientas telemáticas. A más de 80 días de la emergencia sanitaria, y con el inicio de clases del régimen Costa y Galápagos, está realidad no ha cambiado.
Las medidas económicas neoliberales, aplicadas salvajemente en el Ecuador, afectan al sistema educativo. Nuestros niños y jóvenes son el eslabón más vulnerable de las consecuencias de la política fondomonetarista; son víctimas de la violencia intrafamiliar, aumentada por la crisis sanitaria y económica; los hijos de los trabajadores despedidos ya no tienen su atención de salud en el IESS, lo cual significa que sin comida y medicinas: ni se aprende ni se enseña. A esto se suma el recorte presupuestario a la educación general, en USD 906.601.865,02; mismo que viene desde el mes de enero de 2020, cuando aún en el país no se decretaba el estado de excepción.
Más, las declaraciones del vicepresidente Otto Sonnenholzner en el sentido de “regresar a clases presenciales”, significan no priorizar la vida y condenar al contagio masivo a nuestros niños y jóvenes. La UNICEF avizora que “se aumentarían la muerte de 6 niños al día y la emaciación en un 50%”.
Por estas razones, el ministro de Economía y la ministra de Educación deben responder y ser destituidos, por priorizar el pago de la deuda y por tamaño despropósito a la educación. No es posible que se afecte a miles de niños y jóvenes, negándoles comida y salud y truncando su derecho a educarse.
La educación fiscal no tiene por qué pagar la crisis, solo la educación le da a nuestro pueblo pobre, una esperanza de sobrevivir a las pandemias del covid-19, la corrupción y el neoliberalismo. Para los educadores el ser humano siempre debe ser primero.
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