La educación del Ecuador, en manos del neoliberalismo.

Por: Isabel Vargas Torres*

La educación de la niñez y juventud de los sectores populares sufrió un gran revés durante la década correísta, pues se impuso un modelo autoritario y vertical, no mejoró la calidad de la educación y al contrario hubo un retroceso en sus contenidos. Se dieron cambios de bambalina y el icono fue las unidades del milenio, conocidos como los “elefantes blancos” cuyas construcciones generan dudas sobre sus costos reales.

En el régimen actual la crisis, en todo orden, se profundizó a tal punto que, en el mes de enero del 2020, las comisiones de Educación y Participación de la Asamblea Nacional piden se declare en emergencia a este sector. El 17 de marzo del 2020, una vez decretado el estado de emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación presenta el Plan Educativo COVID 19, mismo que se centra en la educación online. Un error estratégico, si tomamos en cuenta que el 70% de los estudiantes no tiene acceso a conectividad ni a las herramientas telemáticas. A más de 80 días de la emergencia sanitaria, y con el inicio de clases del régimen Costa y Galápagos, está realidad no ha cambiado.

Las medidas económicas neoliberales, aplicadas salvajemente en el Ecuador, afectan al sistema educativo. Nuestros niños y jóvenes son el eslabón más vulnerable de las consecuencias de la política fondomonetarista; son víctimas de la violencia intrafamiliar, aumentada por la crisis sanitaria y económica; los hijos de los trabajadores despedidos ya no tienen su atención de salud en el IESS, lo cual significa que sin comida y medicinas: ni se aprende ni se enseña. A esto se suma el recorte presupuestario a la educación general, en USD 906.601.865,02; mismo que viene desde el mes de enero de 2020, cuando aún en el país no se decretaba el estado de excepción.

Más, las declaraciones del vicepresidente Otto Sonnenholzner en el sentido de “regresar a clases presenciales”, significan no priorizar la vida y condenar al contagio masivo a nuestros niños y jóvenes. La UNICEF avizora que “se aumentarían la muerte de 6 niños al día y la emaciación en un 50%”.

Por estas razones, el ministro de Economía y la ministra de Educación deben responder y ser destituidos, por priorizar el pago de la deuda y por tamaño despropósito a la educación. No es posible que se afecte a miles de niños y jóvenes, negándoles comida y salud y truncando su derecho a educarse.

La educación fiscal no tiene por qué pagar la crisis, solo la educación le da a nuestro pueblo pobre, una esperanza de sobrevivir a las pandemias del covid-19, la corrupción y el neoliberalismo. Para los educadores el ser humano siempre debe ser primero.

RETORNO A LAS CLASES PRESENCIALES

Por: Isabel Vargas Torres*

Al modelo neoliberal no le importa la gente, los niños, jóvenes, padres de familia y maestros; y a la orden de los empresarios, llama a que "se abra la economía”.

En este contexto, el Ministerio de Educación toma a los niños, jóvenes y maestros del sector rural como “Conejillo de Indias” al disponer el regreso progresivo a clases presenciales en la región Costa y Galápagos a partir del 15 de julio del 2020, sin tomar en cuenta que la mayoría de cantones se encuentran aún en semáforo amarillo. Esto significa que la vida y salud de la comunidad educativa es menospreciada por este régimen que solo busca el lucro y manda a la muerte a los estudiantes, maestros, trabajadores.

Mientras no se encuentre una vacuna para el Covid 19, no podemos retomar la cotidianidad que había antes de la emergencia sanitaria. Para el regreso a clases los maestros debemos tomar en cuenta los protocolos básicos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el COE como son: suministros de agua, jabón, desinfección de manos, ropa, calzado, mamparas, señalética para los dos metros de distancia en el interior del aula y fuera de ella, asepsia de las áreas comunes como aulas, patios, baños, manijas, barandas, los insumos de bioseguridad, infraestructura para el aforo de 20 estudiantes por aula.

Las medidas neoliberales impulsadas por el régimen, se aplican tomando como pretexto la pandemia. Recordemos algunas cifras del sector rural antes de la emergencia sanitaria: el 69,4% de las escuelas no tienen luz eléctrica; 85,2% no tienen agua potable; el 90,4% no cuentan con internet. Durante la emergencia sanitaria a 108 días, el Ministerio de Educación no resolvió el problema central de conectividad de los estudiantes de la escuela pública. El 70% de estudiantes no interactúan con los docentes. A esto se suma que en el presupuesto para educación en el rubro de infraestructura y mantenimiento le disminuyen $ 348´471.147,10. Sin embargo, el régimen pre pagó USS 2.300 millones y en plena cuarentena canceló USD 325 millones de la deuda externa. Por otro lado, la corrupción avanza y el SRI aún no recauda los $ 1.500 millones que le deben las grandes empresas; esto perjudica a los ecuatorianos de los sectores populares y muestra el carácter de este gobierno, servilismo al imperio y a los grupos económicos de poder; pero inhumano con los niños, jóvenes y con el pueblo. En síntesis, para ellos: el capital esta sobre el ser humano.

Sin las estrictas medidas de seguridad, las clases presenciales, tanto estudiantes como maestros, corren el riesgo de adquirir el Covid 19, dengue o zika; se pone en riesgo la vida y la salud de quienes se supone tienen la prioridad de sus derechos como es el desarrollo integral que le corresponde al Estado, la sociedad y la familia promover para que prevalezca el interés superior del niño y la adolescente.

Las propuestas pedagógicas, sociales y de financiamiento han sido entregadas por parte de la UNE y otras organizaciones sociales; sin embargo, no han sido recogidas por el ejecutivo. El siguiente paso es lo que ya está escrito en los anales de la historia, la organización es el camino de victorias.